Hace ocho días en esta columna de Antena Radio 3ª. Emisión, y reflexionando sobre el desabasto de combustible en el Centro y Bajío del país, comenté que me resultaba difícil ponderar los efectos que tendrá sobre la calidad del aire la distribución de gasolina a través de pipas y, sobre todo, los niveles de contaminación de los mantos freáticos y del suelo por las fugas provocadas en ductos a manos del crimen organizado (sí, el huachicol). En general, consideré muy complejo pronosticar las consecuencias que tendría sobre los recursos naturales y para la población el “a todas luces anárquico manejo de un material peligroso tan extensamente presente como lo es la gasolina”. 

Desafortunadamente, Tlahuelilpan, Hidalgo, se inscribe ahora como una dolorosa lección de las consecuencias del manejo irresponsable, de la ausencia de institucionalidad y de la pérdida de autoridad en cuanto al manejo de sustancias peligrosas en nuestro país. En cualquier lugar del mundo las sustancias químicas forman parte integral de la actividad humana y, por lo mismo, existen medidas precautorias del dominio público para evitar que bajo ciertas condiciones de exposición o de manejo inadecuado, estas sustancias puedan convertirse en un riesgo significativo para el medio ambiente o para la salud y la vida de las personas.

 

 

Desde la producción de plásticos, ropa, detergentes y medicamentos, hasta la fabricación de fertilizantes o pesticidas para el agro, la industria química tiene una presencia indiscutiblemente predominante en nuestras sociedades. Los expertos hablan de una producción global que era calculada, allá en 1970, en los 171 mil millones de dólares; y ya para el año 2010, la industria química representó un volumen de 4,2 billones de dólares, lo que le posiciona indiscutiblemente como una industria fundamental para entender el actual orden económico mundial.

Y -como es lógico- la producción, distribución y consumo de las sustancias químicas no está exenta de riesgos tóxicos o de accidentes fatales; productos de limpieza para el hogar, de higiene personal y hasta cosméticos, nos advierten siempre que pueden afectar a la salud humana, a la fauna y flora o hasta ecosistemas enteros (como sucede con la industria extractiva). Ya desde la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, en Río de Janeiro, fue adoptado el capítulo 19 de la Agenda 21 sobre el manejo ambientalmente adecuado de los productos químicos. A partir de esto, se formó el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química (IFCS) que contó con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS); el resultado fue la conformación de un marco de políticas para promover el manejo adecuado y la seguridad química conocido como Enfoque Estratégico para el Manejo Adecuado de los Productos Químicos a Nivel Internacional.

Distintos protocolos y convenios se han abocado al control y manejo adecuado de sustancias químicas, lo que ha dado relativa seguridad en su producción y uso generalizado (aunque no garantías de suprimir por completo los riesgos latentes). En México, el tema del manejo adecuado de las sustancias químicas ha avanzado de manera mucho menos contundente en comparación con otras naciones, lo que ha resultado en una percepción pública que subestima los riesgos por falta de información, así como un creciente número de poblaciones humanas y ecosistemas con exposiciones inadmisibles a sustancias químicas peligrosas (Mendoza Cantú e Ize Lema). 

 

 

De acuerdo con la PROFEPA y el CENAPRED, del 2010 al 2014 se presentaron un total de 2 mil 835 emergencias químicas, fundamentalmente por el manejo inadecuado de hidrocarburos líquidos y gaseoso (61%) y por más de 440 sustancias químicas peligrosas. Pocos han sido los casos de los que se ha ocupado la opinión pública.

En fin, en mi opinión, eventos como el sucedido en el territorio hidalguense este fin de semana tienen responsables bien concretos que comparten culpabilidad: gobiernos federal, estatales y municipales -pretéritos y presentes- que no han sido ni son capaces aún de comunicar los principios internacionalmente acordados para prevenir y administrar los riesgos por el uso de sustancias químicas peligrosos; y, lamentablemente, es igualmente responsable una sociedad incapaz de informarse y de valorar el alcance y las consecuencias de acciones como las que penosamente hemos vivido. ▄