A lo largo de estos últimos años y a través de este espacio, he venido haciendo la narrativa de la manera en que las dos últimas administraciones presidenciales han desmantelado sistemáticamente al sector de la administración pública responsable del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales del país.

Con excepción de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (cuyo presupuesto prácticamente no ha variado desde el 2012), el sector encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha visto una disminución sustancial de los recursos de los que dispone para atender la política de protección del capital natural mexicano. En materia de gestión forestal y de suelos, por ejemplo, entre el año 2012 y 2016 los recursos asignados redujeron en alrededor del 80%; o en lo tocante a la vigilancia, inspección y sanción de ilícitos en contra del medio ambiente, el presupuesto asignado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) redujo –en el mismo período- en un 21%.

 

 

En suma, a lo largo del sexenio que concluyó el 1° de diciembre pasado el presupuesto del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales decreció en más del cincuenta por ciento, en comparación con los montos de la década que le precedió. Es cierto que hubo significativos avances en lo referente a decretar nuevas áreas naturales protegidas en el país (se triplicó la superficie resguardada al pasar de 176 Áreas Naturales Protegidas, en 2012, a 182 en 2017, con lo que ya suman 91 millones de hectáreas, 70 millones marinas y 21 millones terrestres). 

Sin embargo, no basta con decretar millones de hectáreas como ANP´s y ya; hay que canalizar recursos importantes para elaborar estudios, planes de manejo, obras de infraestructura y sistemas de vigilancia que garanticen los objetivos de la conservación y del aprovechamiento sustentable de estos territorios. Como lo he señalado reiteradamente, los recortes presupuestales al Ramo 16 -Medio Ambiente y Recursos Naturales- afectaron, durante la administración del presidente Peña Nieto, especialmente a los órdenes de gobierno estatal y municipal al dejar de recibir apoyos etiquetados específicamente para fortalecer a las autoridades ambientales regionales y locales.

Lo anterior se ha traducido en un relajamiento en el aseguramiento del cumplimiento de la legislación ambiental; en la carencia de estrategias y medidas eficaces para salvaguardar a especies amenazadas (como la tortuga marina, en Oaxaca, o el manatí, en Tabasco); en la ausencia de innovación para el manejo de residuos sólidos y control de la contaminación; en el agotamiento de la política para el control de la calidad del aire, entre muchos otros temas.

 

 

 Por si todo esto fuera poco, hace unas horas se dio a conocer la propuesta de paquete económico del nuevo gobierno federal para el año 2019, donde no solamente se constata una importante reducción presupuestal para el sector Medio Ambiente y Recursos Naturales -del orden del 30% menos en comparación con el 2018-, sino en rubros estrechamente vinculados como el de salud, ciencia y tecnología, y cultura. Se confirma también el fortalecimiento del sector energético basado no en la transición hacia fuentes renovables y limpias, sino en los combustibles fósiles; además, se inician ya proyectos de enorme impacto ambiental -como la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, o el Tren Maya-, sin cumplir con requisitos de prevención y manejo de impactos ambientales perfectamente contemplados por la legislación vigente.

En su lugar -y lo digo con mucho respeto-, el mensaje es apelar a entidades mágicas o religiosas para justificar el incumplimiento descarado de requisitos y condicionantes que, por cierto, nos ha tomado tantos años y esfuerzos construir.

 

 

Creo que es momento de que se entienda que la única manera de combatir a la pobreza y a la marginación es entendiendo que las iniciativas para el desarrollo nacional deben surgir de las regiones y no así desde una visión centralizada; la riqueza material de nuestro territorio y el capital natural que le consustancia requiere de inversiones considerables para su efectiva preservación y eficaz protección. Dar por hecho que ésta siempre estará ahí, a nuestra disposición, es síntoma de arrogancia e ignorancia del feroz avance del deterioro ambiental actual. ▄