Quizás no en la forma en la que muchos lo esperaríamos, pero durante los últimos meses y semanas la gente está comenzando ya a entender que, para la realización de cualquier obra de infraestructura en el país, se requiere contar con una evaluación objetiva de los impactos que ésta tendrá sobre el medio ambiente. Y, sin duda, los proyectos anunciados por el presidente electo -es decir, la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco y la eventual construcción del llamado “Tren Maya”-, han merecido especial atención por sus posibles implicaciones ambientales.

El primero, por la afectación que se cree tendría sobre la población de aves migratorias que en distintas épocas del año se refugian en las aguas de la presa Nabor Carrillo (un cuerpo de agua artificial construido en la segunda mitad de los años sesenta-; y, el segundo, el Tren Maya, por las afectaciones que tendrá sobre distintas reservas selváticas (como Calakmul) o en la integridad ecológica de áreas naturales protegidas (como Celestún, Ría Lagartos y Alacranes). He podido percibir una profunda preocupación entre distintas autoridades locales y federales, círculos académicos y organizaciones ciudadanas ocupados de la protección del medio ambiente, principalmente por el anuncio del eventual inicio de la construcción del Tren Maya. 

 

 

Se sospecha que podría haber un preocupante desconocimiento del marco jurídico ambiental vigente en el país (legislación que ha tomado décadas en poderse lograr), hasta la abierta intencionalidad de ignorar la regulación que establece requisitos, metodologías y condicionantes a la realización de los proyectos de infraestructura de distintas escalas en el país. Sólo por mencionar al instrumento más obvio, hay que decir que cualquier obra o actividad que pudiera tener consecuencias sobre el patrimonio natural de México, requiere necesariamente de una Manifestación de Impacto Ambiental. En ésta, se señalan puntualmente las afectaciones que habrá, por ejemplo, sobre los ecosistemas de una o de distintas regiones donde se desarrolle un proyecto; valora la situación de la flora y fauna, de los recursos forestales e hídricos -entre otros-, y establece cuáles serán las medidas específicas para mitigar dichas afectaciones y reestablecer en la medida de los posible las condiciones ambientales originales.

De igual manera, los impactos económicos y sociales deben ser valorados a través de metodologías que garanticen su objetividad y, por tanto, la viabilidad o inviabilidad de cualquier proyecto. Preocupa que, en el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, se contaba efectivamente con todos los estudios y, aún así, ha sido cancelado; pero, por otra parte, en el caso del Tren Maya, no existe el soporte técnico científico de un proyecto que, de acuerdo con muchos, se trata de una ocurrencia.

 

 

La semana pasada, el doctor José Sarukhán, titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), hizo un llamado al nuevo gobierno federal para que implemente políticas públicas ambientales basadas en información científica y no en elucubraciones. Esta institución, ejemplar para muchos países del mundo y orgullo de México, ha desarrollado esfuerzos de primer orden para generar información científica que sirva como base en la toma de decisiones y la gestión gubernamental; por lo mismo, no es deseable que todo el conocimiento y la experiencia acumulada sobre el capital natural del país sea desdeñada, ignorada.

Y, sobre todo, el doctor Sarukhán ha subrayado el trascendente trabajo que la CONABIO ha realizado de la mano de las comunidades campesinas del país, componente fundamental para la conservación y aprovechamiento sustentable del capital natural. Así pues, ojalá que los grandes proyectos que hoy se están planteando en el ánimo de engrandecer a México y a su gente, tengan la solidez y el sustento que indiscutiblemente les puede otorgar un diálogo serio, permanente y comprometido con la mejor ciencia que se hace en México y en el mundo. ▄