Un
día como hoy, pero en el año 2001, la Asamblea General
de las Naciones Unidas acordó declarar el 6 de noviembre
como el Día Internacional para la prevención de la
explotación del medio ambiente en la guerra y los
conflictos armados. Hasta hace poco tiempo, los
impactos de las guerras y de los conflictos armados
venían siendo evaluados por el número de soldados y
civiles fallecidos o heridos; por la destrucción causada
sobre la infraestructura de ciudades o países enteros;
así como por los impactos económicos que estas
conflagraciones traen para los países en lo individual y
en el plano internacional.

Sin embargo, las repercusiones de los conflictos armados
en el medio ambiente y los recursos naturales no han
sido ponderadas de manera objetiva, a pesar de las
graves consecuencias que implican para el conjunto de la
vida en el planeta. Además, el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que,
durante los últimos 60 años, al menos el 40% de los
conflictos armados al interior de distintas naciones han
tenido alguna relación con la explotación de los
recursos naturales (ya sea debido a su enorme valor
comercial –como el petróleo, el oro, los diamantes o la
madera- o por causa de su escasa disponibilidad –como la
tierra fértil o el agua).
En el 2017, más de un centenar de organizaciones
civiles, comunidades y colectivos entregaron al Relator
Especial de las Naciones Unidas, Léo Heller, un
Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua
potable y al saneamiento en México en el que se
identificaron 916 conflictos sociales en todo el país
cuyo detonante es la disputa por el agua. Se trata de
enfrentamientos de grupos poblacionales con empresas y
autoridades de distintos órdenes de gobierno por el
aprovechamiento de recursos hídricos, en actividades
mineras, agrícolas, petroleras y energéticas, así como
por el avance de la urbanización en sus territorios.
Hasta ahora estos conflictos no escalan a una dimensión
armada, pero tienen muchos de los componentes que es
imprescindible atender.
Y esa es justamente la intención de la Organización de
las Naciones Unidas al conmemorar este Día
Internacional para la prevención de la explotación del
medio ambiente en la guerra y los conflictos armados:
garantizar que la actuación sobre el medio ambiente sea
parte de la prevención de conflictos y de las
estrategias para el mantenimiento y la consolidación de
la paz.
Todos los conflictos armados generan impactos de escala
considerable en el medio ambiente; muchos recordamos las
terribles escenas de la Guerra del Golfo Pérsico –en
1991-, donde ardió el equivalente a 60 millones de
barriles de petróleo en más de 600 pozos, y cuya nube
tóxica persistió por más de nueve meses y redujo la
temperatura local hasta en 10 grados centígrados (sin
dejar de mencionar los miles de kilómetros de playas y
de lagos contaminados con petróleo y en los que murieron
numerosas especies vivas).

Las mismas misiones de paz encabezadas por la ONU y por
otros organismos internacionales comienzan a reconocer
los impactos que su misma presencia puede generar en el
medio ambiente de los lugares en que trabajan, sobre
todo en consideración del efecto multiplicador que el
cambio climático puede producir en éstos.
Así pues, el Día Internacional para la prevención de
la explotación del medio ambiente en la guerra y los
conflictos armados es un recordatorio de la
importancia del cuidado del medio ambiente como una
estrategia imprescindible para la consolidación y
conservación de la paz.
De frente a la situación que hoy aqueja a nuestro país
como territorio de tránsito hacia los Estados Unidos –y
dada la belicosidad de su actual gobierno de frente al
fenómeno migratorio en la región-, es necesario poner
especial atención sobre la protección y salvaguarda de
nuestros recursos naturales (de por sí ya mermados por
una guerra de baja intensidad en contra del crimen
organizado). Ojalá que en la eventual discusión del
presupuesto de egresos para el ejercicio 2019 no
persista el desmantelamiento del sector Medio Ambiente y
Recursos Naturales, o –en su caso- que los criterios de
protección ambiental, ahora sí, se establezcan
transversalmente; porque de ello dependerá no sólo la
seguridad nacional, sino sobre todo la viabilidad y
fortaleza de cualquier cambio verdaderamente democrático
que se pretenda instaurar.
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