Estoy convencido de que para toda decisión que se tome en materia de construcción de infraestructura para alguno de los sectores productivos del país, habrá impactos de distintas magnitudes en los ámbitos económico, social, ambiental e incluso cultural (recordemos que la definición de “desarrollo sustentable” se refiere precisamente al equilibrio y al grado de armonía que debe prevalecer entre cada una de estas dimensiones del desarrollo). 

Sumado a esto, el Principio 10 de la Declaración de Rio de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo –de 1992-, establece que “… El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional –señala la ONU-, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas..., así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados –señala textualmente el Principio 10 de Río- deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos...”.

Sin estos elementos fundamentales, difícilmente un gobierno, una comunidad o un país en su conjunto, logrará integrar plenamente los requisitos o las condiciones que le garanticen el acceso a la justicia ni mucho menos transitar hacia el desarrollo sustentable.

Independientemente de la viabilidad técnica, económica, social o ambiental de construir un nuevo aeropuerto en uno u otro lugar, o de lo que algunos sectores políticos o ciudadanos perciban como la opción más idónea, el tema de la reciente consulta ciudadana sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México vuelve a sacar a la luz la pobre cultura política y las vías autoritarias en las que se sustentan decisiones que a todos terminan por afectar.

 

 

Recuerdo que, a mediados de la década de los 80, el mecanismo de la Consulta Popular fue la base y razón de ser del entonces recién inaugurado Sistema Nacional de Planeación Democrática (descrito profusamente a lo largo de más de 30 tomos en una Antología publicada por el Fondo de Cultura Económica, en 1985, así como en otros trabajos editados por distintas instituciones académicas y gubernamentales).

Con base en la entonces llamada Consulta Popular fue que nacieron grandes obras de infraestructura, como lo fue el desarrollo turístico integralmente planeado de las Bahías de Huatulco, en Oaxaca, que desplegó la construcción de un aeropuerto internacional (para el que fueron retirados varios cerros); la edificación de hoteles y servicios turísticos de distintas categorías a lo largo de nueve bahías frente al mar; y en el que se estableció una reserva ecológica en más del 75% de su territorio.

Como yo mismo lo pude comprobar entonces –a través de una investigación y trabajo de campo a lo largo de casi cuatro años-, los pobladores de las Bahías de Huatulco fueron parcialmente informados sobre las implicaciones del proyecto; fueron considerados exclusivamente para incorporarles en los trabajos temporales de construcción, pero no recibieron capacitación alguna para adquirir habilidades laborales afines a los servicios turísticos; e incluso muchos de ellos y sus familias fueron desalojados por la fuerza –con elementos de la Marina- de los frentes de playa en donde se construiría una marina para yates. Eso sí: fueron consultados.

 

 

Con sus muy evidentes diferencias (sobre todo por la naturaleza del papel que hoy juegan los medios de comunicación, el Internet y las redes sociales), en el caso del NAICM veo paralelismos en el uso político de los mecanismos de consulta, sobre todo por la evidente ausencia de garantías en materia de información pública y del requisito de la amplia difusión de toda la información concerniente a los proyectos sometidos a votación.

Con respecto a las afectaciones al medio ambiente (necesariamente contempladas en una Manifestación de Impacto Ambiental), domina hoy una percepción pública distorsionada sobre las condiciones actuales del territorio, de los ecosistemas y de los cuerpos de agua en el antiguo Vaso de Texcoco.

 

 

Ello, sin duda, es el resultado de la deficiente difusión de documentos eminentemente técnicos por parte de las autoridades y, desde luego, esto ha provocado que se haya privilegiado a la motivación política para participar –mediante el mecanismo de la consulta- en la toma de decisiones públicas de enorme trascendencia económica, social y ambiental.

Si bien la transparencia y el acceso a la información pública han tenido avances significativos desde su ciertamente reciente instauración, creo que –como sociedad- nos falta mucho todavía para construir una cultura política vigorosa y una ciudadanía plenamente consciente de los alcances de los mecanismos de democracia representativa y, desde luego, estar en condiciones de ponderar con objetividad y con un profundo sentido de responsabilidad el impacto de nuestras decisiones. ▄