Este fin de semana, con la
movilización de miles de personas provenientes de San
Pedro Sula, Honduras, hasta la frontera mexicana en el
estado de Chiapas, ha quedado en evidencia un flanco que
no tenemos cubierto y que debemos fortalecer para
instrumentar medidas para la adaptación al cambio
climático.
Si bien en esta ocasión nuestros
hermanos centroamericanos vinieron buscando refugio a
nuestro país motivados por las difíciles condiciones de
pobreza y de violencia que enfrentan (particularmente en
Honduras), ésta no será –desde mi perspectiva- la última
ocasión en que suceda ni el único motivo por el que
México debiera dar refugio a personas enfrentadas a
situaciones de vida o muerte.
Las emergencias climáticas –cada día
más recurrentes en todo el planeta- están siendo ya
motivo de migraciones humanas entre regiones o entre
territorios de naciones distintas. Probablemente, los casos más visibles
son los que acontecen en los países africanos o del
Medio Oriente azotados desde ya hace más de una década
por la sequía (y donde, para el 2060, se espera sean del
orden de 192 millones de personas las que emigren a
otras tierras); o también el caso de Haití, donde la
terrible deforestación que han hecho de su territorio ha
dejado a la población completamente vulnerable frente a
la sequía, los huracanes y las inundaciones, obligando
la migración de miles de personas no sólo a la vecina
República Dominicana, sino incluso a países tan alejados
como Chile o México. En el ámbito regional, el caso del
Lago Aral, en Rusia, es emblemático; ahí, los pescadores
han migrado a otros sitios debido a la desaparición de
peces consecuencia de la alteración de las temperaturas
en la región.
El término “migrantes ambientales” se
ha venido utilizando –desde inicios del actual siglo-
para referirse a las personas que deben dejar sus
tierras por causa del deterioro que han sufrido por el
cambio climático y, por tanto, cuando éstas dejan de ser
fuente de recursos para su supervivencia. Ya en el 2007, la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) reconoció
oficialmente que el cambio climático es un detonante de
la migración y que este hecho debe ser considerado en la
elaboración de políticas públicas en todo el orbe.
En este sentido –sugiere la OIM-, es
necesario el establecimiento de instrumentos de política
exterior bilateral y multilateral para proteger a los
migrantes; por ejemplo, permitiendo que éstos sean
acogidos temporalmente por un país vecino después de un
desastre natural, con protocolos y redes institucionales
bien establecidas. Es muy sintomático que en las
estrategias nacionales para adaptarse al cambio
climático, prácticamente ninguna nación tiene
incorporadas consideraciones relacionadas con la muy
posible migración de personas con motivo del cambio
climático (y esto, a pesar de que la experiencia revela
que la migración exacerba los conflictos políticos,
sociales, económicos y ambientales internos de cualquier
región o país).
De acuerdo con la organización
Foresight, del Reino Unido, cada año más de 520 millones
de personas que habitan en zona costeras están ya en
riesgo de sufrir inundaciones y otros 120 millones se
ven amenazadas por los ciclones. En el 2012, señala
Foresight, 32 millones de personas en todo el mundo
tuvieron que abandonar sus hogares a causa de los
desastres naturales, hoy intensificados por el
calentamiento de la atmósfera.
En fin, de frente a los escenarios que
ya perfila el cambio climático en todo el mundo, es
perfectamente previsible que las migraciones (de
poblaciones humanas y no humanas) tenderán a
intensificarse en los años por venir. Por lo mismo, es urgente que nuestro
país desarrolle e implemente una política migratoria
acorde con los tiempos que vivimos y no responder
solamente a los retrógradas criterios migratorios de
nuestro vecino del norte (lo que nos reafirmaría como su
traspatio y no como una nación soberana y, sobre todo,
comprometida con nuestros hermanos del sur).
Los hechos de este fin de semana, aunque no motivados
por una emergencia climática, desnudan la ausencia de
una política pública integral y la
urgencia de que el tema migratorio sea replanteado con
seriedad e incorporado, con decisión y fuerza, en las
estrategias nacionales de frente a eventuales realidades
–como lo es ya el cambio climático- que inevitablemente
enfrentará nuestro país.
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