En
este espacio he venido subrayando de manera reiterativa
los enormes beneficios que puede brindarnos una
transición, tanto nacional como global, hacia el uso de
energías renovables para , por un lado, satisfacer las
crecientes necesidades energéticas del mundo; y, por
otro, para mitigar el cambio radical que estamos
presenciando en los patrones climáticos en prácticamente
todo el planeta. Sin embargo, la implementación de
cualquier decisión que tenga que ver con el medio
ambiente debe considerar los posibles impactos que, por
ejemplo, traerían consigo el despliegue masivo de
tecnología como lo son los campos eólicos o de paneles
solares.
Una
de las máximas formuladas durante la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
de 1992, en Río de Janeiro, fue precisamente el
“principio precautorio” o de precaución y que señala que
“cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la
falta de certeza científica absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces en función de los costos para impedir
la degradación del medio ambiente”.
Es decir, el principio de precaución es un concepto que
recomienda “la adopción de medidas protectoras ante las
sospechas fundadas de que ciertos productos o
tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública
o el medio ambiente, pero sin que se cuente todavía con
una prueba científica definitiva de tal riesgo”.

De esta manera, el principio precautorio reconoce, entre
otros factores, que toda acción implica la existencia de
una posible amenaza, un peligro o un riesgo latente de
daño al medio ambiente como consecuencia de nuestras
decisiones. Sin embargo, y aunque sea rotunda la
carencia de evidencia científica que subyace respecto de
los posibles impactos, esto no deberá ser motivo para
postergar u omitir la instrumentación de medidas que
prevengan e impidan la degradación del ambiente, los
daños a la salud o a los ecosistemas.
Hace unas semanas, la revista Science publicó un
interesante estudio sobre los posibles impactos
climáticos que tendría la instalación de campos eólicos
o de celdas solares en la región del desierto del Sahara
y, específicamente, en la zona de transición de El Sahel,
al sur. A pesar del potencial energético de esta región
del planeta (que se calcula proporcionaría hasta cuatro
veces más energía que la que se consume actualmente en
todo el mundo), la operación de campos eólicos y solares
generadores de energía no sólo volvería más cálida a la
región -en 2 y un grado centígrado respectivamente-,
sino también aumentarían el promedio de las lluvias que
ahí se presentan.

A pesar de representar 30 veces menos el impacto sobre
la temperatura que tienen los combustibles fósiles, los
impactos climáticos micro regionales traerían
transformaciones notables en los patrones sociales,
políticos y culturales de sus habitantes. En este
sentido, es imprescindible que en toda propuesta de
desarrollo de infraestructura –pública o privada- sea
incorporado el principio precautorio sobre los posibles
impactos al medio ambiente; trátese de lo que se trate,
sean éstos proyectos de la industria de la
transformación, energéticos, de transporte y
comunicación, hasta hidráulicos o de asentamientos
humanos, su viabilidad descansará no sólo en el cálculo
de los costos económicos, sino también en todas aquellas
externalidades que seamos capaces o no de prevenir.
Estamos a la puerta del inicio de una nueva
administración en el gobierno federal y de muchas otras
en lo estatal y municipal; numerosas propuestas en forma
de promesas de campaña han desfilado frente a la
ciudadanía, pero ello no quiere decir que todas sean de
facto viables y que no tendrán impactos sobre el entorno
y en nuestra salud y la de los ecosistemas del país.
Es importante que los nuevos responsables de cristalizar
estos compromisos hechos de frente a la ciudadanía, sean
capaces también de prever y administrar adecuadamente
aquellas variables que, en el largo alcance, hoy son
incluso posibilidades con una reducida probabilidad de
ocurrencia.
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