Valora ciudadanía legislación ambiental y urbana para la defensa de su calidad de vida en la CDMX

 

  • La PAOT, junto con vecinos de la colonia Hipódromo, logran la demolición de pisos excedentes construidos de manera ilegal en avenida Baja California 370

  • El ombudsman ambiental y territorial de la Ciudad de México ha registrado más de 130 edificios en la ciudad que, en suma, acumulan alrededor de 300 pisos construidos de manera ilegal  

 

Por Antena Radio / 3a. Edición  / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con Francisco Calderón Córdova / IMER - Horizonte 107.9 FM, - 1220 AM y - Radio México Internacional (a todo el mundo) / Ciudad de México /  19 de febrero de 2018.

 

 

Hasta mediados de los años noventa, aproximadamente, la insipiente legislación ambiental de México existía de manera independiente –por decirlo de algún modo- de la legislación, la planeación y la gestión territorial y urbana. Se pensaba (como de hecho muchos lo siguen creyendo) que la legislación ambiental debía ocuparse primordialmente de la protección de la flora y la fauna, de las condiciones de la vida silvestre, de la salud de los bosques y las selvas, o del control de la contaminación del aire y el agua: es decir, de todo aquello que afecta a lo que está ahí donde terminan los límites de las ciudades.

 Y, por otro lado, durante décadas persistió una visión fragmentada, sectorizada, sobre el ordenamiento, manejo y uso del territorio; visión en la que -desafortunadamente- los criterios de corte ambiental no tuvieron un peso definitorio en el diseño de las políticas públicas ni en la toma de decisiones, por ejemplo, en materia de asentamientos humanos o de producción agropecuaria. 

 

 

Este divorcio conceptual se ejemplifica fácilmente en casos como el de la Ciudad de México, donde han existido simultáneamente un Programa General de Ordenamiento Ecológico (que define y regula los usos y destinos del suelo, así como el aprovechamiento de los recursos naturales en la zona de conservación, al sur y sur poniente de la entidad); y, por otra parte, un Programa General de Desarrollo Urbano (que regula el aprovechamiento del área donde está construida propiamente la Ciudad de México). A esto podemos sumar la existencia de 16 programas delegacionales de desarrollo urbano y a numerosos programas parciales, que han propiciado una fragmentación insustentable del territorio citadino. 

Ciudadanos y autoridades en la capital nos hemos dado cuenta ya que no es posible hablar de la viabilidad de esta ciudad, sin tomar en cuenta los aportes que ésta recibe de los bosques que la circundan y que forman parte de su mismo territorio político-administrativo. El 70% del agua que se consume en la Ciudad de México, por ejemplo, proviene de los pozos que almacenan el agua captada justamente en los bosques de su suelo de conservación; también, la temperatura y el clima de la zona urbana, son regulados por las zonas arboladas, humedales, barrancas y montañas que la rodean.

Cualquier esfuerzo de planeación que busque dar viabilidad futura a la Ciudad de México, deberá integrar en su ecuación a las relaciones y vínculos de interdependencia que existen entre el suelo urbano y el de conservación ecológica.

Esta excesiva fragmentación de programas de desarrollo urbano ha llevado no solamente a la existencia de usos incompatibles del suelo (donde se mezclan predios destinados al comercio -como los antros- con zonas habitacionales, deteriorando la calidad de vida de los vecinos); sino, también, ha propiciado el incumplimiento abierto y la aplicación discrecional de la normatividad.

 

 

Un ejemplo de esto es el de un predio en la avenida Baja California 370, en la colonia Hipódromo, en el que el programa delegacional de desarrollo urbano autoriza hoy la edificación de un máximo de siete pisos de altura y donde, de manera ilegal, el propietario construyó una torre de condominios de 14 niveles.

Al ver que esta construcción no solamente rompía con la armonía estética de su colonia, sino el riesgo que ésta significaba para las casas colindantes, los vecinos organizados presentaron una denuncia ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y, después de más de siete meses, juntos lograron que el Gobierno de la Ciudad de México y el de la delegación Cuauhtémoc iniciaran -el viernes pasado- con la demolición de los siete pisos excedentes.

 

 

 

La PAOT, en alianza con vecinos, ha registrado más de 130 edificios en la ciudad que, en suma, acumulan alrededor de 300 pisos construidos de manera ilegal; ahora, el ombudsman ambiental y territorial de la Ciudad de México pide a las autoridades la demolición o, en su caso, explorar la forma de que estos inmuebles construidos al margen de la ley sean utilizados para ayudar a quienes perdieron su vivienda durante los sismos de septiembre pasado.

Durante décadas y con el impulso de numerosos ciudadanos y organizaciones, en México se ha elaborado una vigorosa legislación en materia ambiental y territorial; hoy -afortunadamente- es también la ciudadanía la que, por fin, está haciendo uso de los instrumentos legales en aras de conservar y mejorar su calidad de vida.

Diversidad Ambiental ©, es una publicación virtual de Paco Calderón