Hasta mediados de los años noventa, aproximadamente, la
insipiente legislación ambiental de México existía de manera
independiente –por decirlo de algún modo- de la legislación,
la planeación y la gestión territorial y urbana.
Se pensaba (como de hecho muchos lo siguen creyendo) que la
legislación ambiental debía ocuparse primordialmente de la
protección de la flora y la fauna, de las condiciones de la
vida silvestre, de la salud de los bosques y las selvas, o
del control de la contaminación del aire y el agua: es
decir, de todo aquello que afecta a lo que está ahí donde
terminan los límites de las ciudades.
Y, por otro lado, durante décadas persistió una visión
fragmentada, sectorizada, sobre el ordenamiento, manejo y
uso del territorio; visión en la que -desafortunadamente-
los criterios de corte ambiental no tuvieron un peso
definitorio en el diseño de las políticas públicas ni en la
toma de decisiones, por ejemplo, en materia de asentamientos
humanos o de producción agropecuaria.
Este divorcio conceptual se ejemplifica fácilmente en casos
como el de la Ciudad de México, donde han existido
simultáneamente un Programa General de Ordenamiento
Ecológico (que define y regula los usos y destinos del
suelo, así como el aprovechamiento de los recursos naturales
en la zona de conservación, al sur y sur poniente de la
entidad); y, por otra parte, un Programa General de
Desarrollo Urbano (que regula el aprovechamiento del área
donde está construida propiamente la Ciudad de México).
A esto podemos sumar la existencia de 16 programas
delegacionales de desarrollo urbano y a numerosos programas
parciales, que han propiciado una fragmentación
insustentable del territorio citadino.
Ciudadanos y autoridades en la capital nos hemos dado cuenta
ya que no es posible hablar de la viabilidad de esta ciudad,
sin tomar en cuenta los aportes que ésta recibe de los
bosques que la circundan y que forman parte de su mismo
territorio político-administrativo.
El 70% del agua que se consume en la Ciudad de México, por
ejemplo, proviene de los pozos que almacenan el agua captada
justamente en los bosques de su suelo de conservación;
también, la temperatura y el clima de la zona urbana, son
regulados por las zonas arboladas, humedales, barrancas y
montañas que la rodean.
Cualquier esfuerzo de planeación que busque dar viabilidad
futura a la Ciudad de México, deberá integrar en su ecuación
a las relaciones y vínculos de interdependencia que existen
entre el suelo urbano y el de conservación ecológica.
Esta excesiva fragmentación de programas de desarrollo
urbano ha llevado no solamente a la existencia de usos
incompatibles del suelo (donde se mezclan predios destinados
al comercio -como los antros- con zonas habitacionales,
deteriorando la calidad de vida de los vecinos); sino,
también, ha propiciado el incumplimiento abierto y la
aplicación discrecional de la normatividad.
Un ejemplo de esto es el de un predio en la avenida Baja
California 370, en la colonia Hipódromo, en el que el
programa delegacional de desarrollo urbano autoriza hoy la
edificación de un máximo de siete pisos de altura y donde,
de manera ilegal, el propietario construyó una torre de
condominios de 14 niveles.
Al ver que esta construcción no solamente rompía con la
armonía estética de su colonia, sino el riesgo que ésta
significaba para las casas colindantes, los vecinos
organizados presentaron una denuncia ante la Procuraduría
Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y, después
de más de siete meses, juntos lograron que el Gobierno de la
Ciudad de México y el de la delegación Cuauhtémoc iniciaran
-el viernes pasado- con la demolición de los siete pisos
excedentes.
La PAOT, en alianza con vecinos, ha registrado más de 130
edificios en la ciudad que, en suma, acumulan alrededor de
300 pisos construidos de manera ilegal; ahora, el ombudsman
ambiental y territorial de la Ciudad de México pide a las
autoridades la demolición o, en su caso, explorar la forma
de que estos inmuebles construidos al margen de la ley sean
utilizados para ayudar a quienes perdieron su vivienda
durante los sismos de septiembre pasado.
Durante décadas y con el impulso de numerosos ciudadanos y
organizaciones, en México se ha elaborado una vigorosa
legislación en materia ambiental y territorial; hoy
-afortunadamente- es también la ciudadanía la que, por fin,
está haciendo uso de los instrumentos legales en aras de
conservar y mejorar su calidad de vida.
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