Legislación ambiental en México debe transitar del enfoque sectorial al de la transversalidad

 

  • Urge establecer principios de actuación observables y sancionables en todas las actividades y por todos los actores involucrados en el desarrollo

  • A 30 años de su creación y a pesar de sus reformas, la LGEEPA ha propiciado un marco jurídico e institucional eficaz   

  • En noviembre de 1988, y bajo el amparo de esa Ley, fue creada la Reserva de la Biosfera de "El Vizcaino", en Baja California Sur      

 

Por Antena Radio / 3a. Edición  / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con Francisco Calderón Córdova / IMER - Horizonte 107.9 FM, - 1220 AM y - Radio México Internacional (a todo el mundo) / Ciudad de México /  29 de enero de 2018.

 

En lo que significó un intento por ordenar los esfuerzos y, desde luego, las atribuciones del Estado mexicano en materia de preservación del medio ambiente y protección de los recursos naturales, el 28 de enero de 1988 –es decir, hace 30 años- se publicó la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En su exposición de motivos, se explicaba que el control y la prevención de la contaminación, la adecuada utilización de los recursos naturales y el mejoramiento del medio ambiente de las comunidades humanas, eran condiciones básicas para garantizar el bienestar y una adecuada calidad de vida para la población. 

La LGEEPA –como se le conoce a esta ley- estableció la obligación del gobierno federal de considerar los asuntos ambientales en la planeación del desarrollo nacional, y delegó mayor autoridad a los gobiernos estatales y municipales para atender esta problemática. Entre otras disposiciones, la LGEEPA estableció mecanismos para el control de la contaminación del aire, del agua, del suelo y el ruido, así como para el adecuado manejo de los desechos peligrosos de la industria; y, junto con otras propuestas ciertamente novedosas, la ley buscaba propiciar el tratamiento y la reutilización de las aguas residuales, la aplicación de técnicas para combatir la erosión del suelo y la adopción de prácticas agrícolas amables con el medio ambiente.  

 

 

El gobierno federal reconoció que el cuidado de la diversidad biológica es una premisa fundamental para conservar la riqueza del país, e identificó a la creación y manejo de áreas naturales protegidas como un instrumento básico no sólo para preservar a los ecosistemas representativos de México, sino también para garantizar la continuidad del proceso mismo de la evolución. El 30 de noviembre de 1988, diez meses después de la publicación de la LGEEPA, el Gobierno de la República decretó como “reserva de la biosfera” a El Vizcaino, uno de los ecosistemas más extensos, bellos y representativos de la diversidad biológica en la península de Baja California.

En 1991, se prohibió la explotación comercial de la tortuga marina y, como respuesta al embargo atunero impuesto a México por el gobierno estadounidense, se instrumentó un programa de observadores internacionales para constatar que la flota pesquera mexicana efectivamente protegía a los delfines.  

Con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) –en 1994- fueron reunidos y organizados, en un solo sector de la administración pública, recursos, atribuciones y capacidades institucionales que hasta entonces eran competencia de otras secretarías de Estado. La SEMARNAP se formó con los recursos de diversas áreas de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de las extintas secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUE), de la de Desarrollo Social (SEDESOL) y de la Secretaría de Pesca, y sectorizó a organismos paraestatales como la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entre otros. 

 

 

Con las reformas de 1996 a la LGEEPA se distribuyeron competencias entre los tres órdenes de gobierno, se definieron criterios generales para el ordenamiento ecológico del territorio y se crearon mecanismos normativos para la conservación de la biodiversidad, la prevención de la contaminación y la participación ciudadana. A 30 años de haber sido decretada y aún con todas sus posteriores reformas, la LGEPPA ha propiciado la instauración de un marco jurídico e institucional sólido y, en muchos sentidos, eficaz en materia de protección ambiental.  

Sin embargo (y esta es una crítica formulada desde el pragmatismo), la visión segmentada o sectorizada que en la administración pública ha prevalecido en la materia, no ha permitido que la legislación ambiental sea transformada en un instrumento jurídico de carácter verdaderamente transversal y que establezca principios de actuación observables y sancionables en todas las actividades y por todos los actores involucrados en el desarrollo. El reto que enfrentan las generaciones actuales es, ahora, el de poner a la defensa del medio ambiente como un tema de verdadera alta prioridad y como una de las principales condiciones para la construcción de un desarrollo inclusivo, equitativo y sustentable.

Diversidad Ambiental ©, es una publicación virtual de Paco Calderón