En
los inicios del siglo XX, en el planeta existían alrededor
de diez millones de elefantes; en la actualidad, existen un
poco más de 300 mil de este majestuoso animal. Distintas
organizaciones naturalistas -como la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza y el Fondo Mundial
para la Naturaleza, entre otras- coinciden en clasificar al
elefante africano como una especie en peligro de extinción.
Además de un proceso acelerado en la pérdida de su hábitat,
desde la década de los ochenta la caza furtiva de elefantes
para abastecer al mercado ilegal del marfil ha venido
incrementándose alarmantemente -particularmente en África
Oriental, donde habita alrededor del 20% de esta especie-;
ahí, se calcula que cada 15 minutos un cazador furtivo
asesina a un elefante. Es bien sabido -o al menos así me
gustaría asumirlo- que este mercado ilegal que es sostenido
con la muerte de los elefantes africanos, es una de las
principales fuentes de financiamiento para las
organizaciones terroristas que operan en países como Zambia
y Zimbabwe.

Consciente de este problema, el expresidente de los Estados
Unidos, Barack Obama, impuso casi al final de su
administración -y durante una visita a Kenia- una serie de
prohibiciones legales para tratar de frenar el comercio
ilegal del marfil (destaca la prohibición del comercio de
marfil entre los estados de la Unión). Después del mercado
chino, los Estados Unidos ocupa el segundo lugar en el mundo
donde el marfil es comercializado.
Bueno, resulta que la semana pasada el presidente Donald
Trump decretó con bombo y platillo que la prohibición para
la importación de partes de los cuerpos de los elefantes y
de los leones africanos quedaba suspendida. El anuncio fue
seguido de la confirmación del Servicio de Pesca y Vida
Salvaje de los Estados Unidos, así como del beneplácito de
la Asociación Nacional del Rifle que, además, calificó de
acertada esta medida que abre las puertas a la cacería de
dos especies incluidas en la lista de animales en peligro de
extinción en el continente africano. Distintas
organizaciones conservacionistas -como
The Elephant Project
y otras que ya cité- reprobaron la medida de inmediato, y
fue tanta la polémica desatada que incluso miembros del
Partido Republicano la señalaron como ignorante del momento
político tanto en los Estados Unidos como en Zimbabwe y
Zambia.
También, las redes sociales se inundaron de críticas ante el
levantamiento que hizo Trump de la prohibición y nuevamente,
como durante su campaña, se hicieron virales las fotos de
los hijos de Trump sosteniendo a animales muertos como
trofeos de cacería (particularmente, la de Donald Trump Jr.
sosteniendo en sus manos una cola mutilada de un elefante.

En respuesta, hace un par de días Trump reculó y echó para
atrás su decreto; como en otros casos en los que ha mostrado
su torpeza y su favoritismo por los grupos más retrógradas
de su país, el presidente aseguró que habría que estudiar
con más profundidad los hechos.
No solamente los Estados Unidos, sino otros países -como
México- tenemos que replantear el papel y las condiciones
que la actividad de la cacería debe jugar en los esfuerzos
por la conservación de la naturaleza. Recordemos que en
nuestro país ha habido debates al respecto, fundamentalmente
con la operación de las llamadas Unidades de Manejo
Ambiental y, en particular, en aquellas en las que se
permite la cacería controlada a cambio de jugosas cuotas
que, en teoría, estarían destinadas a comunidades locales y
a actividades de conservación (como es el caso del borrego
cimarrón, en Sonora y en Baja California).
Nuevamente: hay que revalorar el papel que juega la
conservación y el aprovechamiento sustentable de la riqueza
natural de las naciones, para lograr el bienestar de todas
las comunidades humanas y no humanas. Festejo que esta
medida anunciada por Trump haya sido echada para atrás, y
que haya quienes estén frenando el reiterado desprecio del
presidente de los Estados Unidos por la vida y la
naturaleza.
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