Derecho a la vivienda y derecho
al medio ambiente sano no han sido complementarios en la
CDMX
Por Antena Radio / 3a. Edición / Sección
Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con Francisco Calderón Córdova / IMER - Horizonte 107.9 FM, - 1220 AM y - Radio México Internacional (a todo el mundo)
/ Ciudad de México /
2 de octubre de 2017.
Desde
1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció
que el primer lunes del mes de octubre los países miembros
conmemoraríamos el Día Mundial del Hábitat; y en
1986, se celebró por primera ocasión esta fecha.
El Día Mundial del Hábitat ha tenido desde entonces
el propósito de invitarnos a reflexionar sobre un derecho
básico de todo ser humano (el derecho a contar con un
refugio adecuado, con una vivienda), pero también sobre la
responsabilidad que tenemos todos de garantizar que nuestras
ciudades sean habitables y sustentables. Por lo mismo, este
2017 el tema del Día Mundial del Hábitat es
“Políticas de Vivienda: viviendas asequibles”; y esto se
trata simplemente de recordarnos la urgencia de garantizar,
de la manera más amplia, el ejercicio de un derecho humano
fundamental para lograr una calidad de vida adecuada y
digna.
Este derecho humano está establecido, desde luego, en la
Constitución Política mexicana, en su Artículo Cuarto, donde
a la letra dice que: “…
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa
-y que- La Ley establecerá los instrumentos y apoyos
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Pero es
también en el mismo Artículo Cuarto de nuestra Carta Magna
en el que se establece que “… Toda persona tiene derecho
a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar -y
que- El Estado garantizará el respeto a este derecho.”
En consecuencia, lejos de que el Artículo Cuarto
constitucional genere una colisión entre derechos
fundamentales (el derecho a la vivienda y el derecho a un
medio ambiente sano), éste nos está señalando que el Estado
mexicano debe garantizar que el ejercicio de ambos derechos
tiene que ser simultáneo y complementario.
De este modo, y desde la perspectiva de los derechos
humanos, estamos obligados a pensar, a proyectar y a
construir nuestras ciudades con criterios de sustentabilidad
que incluyan a absolutamente todos los segmentos de la
población. Las Naciones Unidas nos recuerdan que, en el
mundo, más de la mitad del territorio de las ciudades está
destinado a la vivienda, por lo que tenemos la obligación de
moldear el desarrollo urbano bajo criterios de
sustentabilidad.
Es importante recordar que aquí mismo, en la Ciudad de
México, después de décadas de un crecimiento urbano
desordenado e inequitativo, en los 90 hubo un destacado
esfuerzo -en muchos casos liderado por los vecinos, en otros
por las autoridades y en muchos de manera conjunta- por
establecer condiciones para un uso más racional del suelo
urbano que fuera acorde con su vocación y con las
características de cada colonia. Surgieron programas
delegacionales de desarrollo urbano y algunos otros
“parciales”, en un loable intento por ordenar el crecimiento
y el uso del territorio.
Lamentablemente, este esfuerzo fue frenado al inicio de la
década pasada con el decreto del llamado Bando Dos -durante
el gobierno de López Obrador-, con la Norma 26 -de Marcelo
Ebrard- y más recientemente con los proyectos de Norma 30 y
31 del actual jefe de gobierno. Esta normatividad, bajo el
pretexto de fomentar la construcción de vivienda popular, ha
permitido incumplir con los programas de desarrollo urbano
(en cuanto a densidades, alturas de los edificios, espacios
libres y áreas verdes), y ha propiciado la corrupción y la
desmedida construcción de vivienda que -hace unos días y
como consecuencia del terremoto- está mostrando su verdadero
rostro.
Un derecho humano que ha sido vulnerado de manera alarmante
(y que resulta muy complicado exigir su reparación), es
nuestro derecho a un medio ambiente saludable; la ocupación
desmedida del territorio para construir vivienda sin el
conocimiento o sin las consideraciones mínimas de sus
propiedades naturales (como tipo de suelo, disponibilidad de
agua, etc.), está trayendo consecuencias lamentables -como
las que evidenció el sismo del 19 de septiembre pasado.
Así que hoy, en el Día Mundial del Hábitat, estamos
obligados a reflexionar respecto a la mejor forma en la que
debemos conjugar la exigibilidad y el goce de los derechos
humanos; vivienda para todos, sí, pero no a costa de la
seguridad de las personas ni mucho menos del deterioro del
entorno en el que se sustenta la vida de todos los
componentes de nuestros ecosistemas.
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