Escuchar audio

Jueces y autoridades jurisdiccionales son actores en la determinación de usos del suelo

        

  • Ordenamiento ecológico del territorio, instrumento de política ambiental que abona al consenso social y evita conflictos entre comunidades

  • Recientemente, un juez ordenó restituir las condiciones naturales del Manglar de Tajamar, en Quintana Roo, y en la CDMX autoridades jurisdiccionales piden la demolición de pisos construidos ilegalmente en dos desarrollos inmobiliarios

 

Por Antena Radio / 3a. Edición  / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con Francisco Calderón Córdova / IMER - Horizonte 107.9 FM, - 1220 AM y - Radio México Internacional (a todo el mundo) / Ciudad de México /  26 de junio de 2017.

 

Uno de los instrumentos más importantes de los que disponen los gobiernos –tanto federal, como estatales y municipales- para incorporar criterios de conservación y sustentabilidad ambiental en sus procesos de planeación y diseño de políticas públicas, es el llamado ordenamiento ecológico del territorio. 

En términos muy simples, se trata de que en los procesos de planeación que realizan los tres órdenes de gobierno se establezcan criterios y patrones de ocupación del territorio (incluido el marino) donde –además de identificar la vocación de los suelos y las características propias de cada ecosistema– se priorice el consenso social y se evite el conflicto entre las comunidades y sus autoridades por razón de los usos del suelo.  

 

 

El ordenamiento ecológico del territorio busca que las actividades que realicemos sean compatibles con la vocación de los suelos donde nos asentamos; por ejemplo, que en un bosque sólo realicemos actividades forestales y no agrícolas, o que en un manglar costero –como el de Tajamar, en Quintana Roo- no se construyan viviendas o centros comerciales y, en cambio, sean conservadas sus propiedades naturales. 

En esencia, este instrumento de política ambiental, cito: “busca alcanzar un mejor balance entre las actividades productivas y la protección de los recursos naturales a través de la vinculación entre los tres órdenes de gobierno, la participación activa de la sociedad y la transparencia en la gestión ambiental”. 

Hoy, nuevos actores están incorporándose y participando en el tema. Los jueces –en los distintos órdenes de su competencia- se han venido ocupando recientemente de esta materia y están siendo actores de enorme relevancia en la gestión ambiental y territorial. Nada menos la semana pasada, un juez federal determinó que en el manglar de Tajamar no se puede construir un malecón u otro tipo de infraestructura, y ordenó la restitución del ecosistema marino que, como se recordará, fue destruido por Fonatur en enero del 2016. 

También la semana pasada, aquí en la Ciudad de México, las autoridades jurisdiccionales avalaron la demolición de los pisos excedentes en un edificio en la colonia Nueva Santamaría, en Azcapotzalco, y en otro de la colonia Condesa, en la delegación Cuauhtémoc; esto, en consecuencia a las investigaciones realizadas por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) en las que se comprobó que ambos desarrollos inmobiliarios no respetaron los niveles establecidos en la zonificación para ambas colonias. 

 

 

Es muy gratificante constatar que los vecinos de esta ciudad –y de otras en el país- cada día están más conscientes de que en nuestras colonias y barrios debe haber un orden en el uso del territorio, y que esto es una condición básica para alcanzar una convivencia armónica y pacífica. 

En la Ciudad de México, por ejemplo, existen instrumentos en los que se establece el uso de suelo y las normas de ocupación que deben respetarse para cada uno de los predios que hay en su territorio. Aquí, tenemos un Programa General de Desarrollo Urbano; programas Delegacionales de Desarrollo Urbano; programas parciales para ciertos polígonos y colonias; y un Programa General de Ordenamiento Ecológico que ordena los usos del suelo en la zona de conservación del sur y sur poniente de la Ciudad de México.

Hay distintas vías a través de las cuales los ciudadanos podemos informarnos sobre cuál es el uso de suelo permitido en nuestra propiedad o en nuestra colonia: si es habitacional, comercial, de uso mixto, área verde, servicios y, en fin, una extensa gama de usos. 

Esto, no sólo es conveniente en el momento en el que realicemos una acción de compra-venta de un inmueble; sino, sobre todo, para conservar la armonía en la convivencia vecinal evitando la irrupción de actividades o de edificaciones que rompan con ella. Además, si usted quiere saber cuál es el uso de suelo permitido en su propiedad, también puede consultar la clasificación que viene impresa en su boleta predial; por ejemplo, si dice que es “H2”, esto significa que es de uso habitacional con dos niveles de construcción; y ahí también se establece la superficie construida y la que debe permanecer como área verde o espacio libre.

Es importante que conozcamos este tipo de información y las regulaciones a las que nos debemos sujetar en el uso del territorio, pues en ello nos va no sólo la convivencia armónica con nuestros vecinos, sino –sobre todo- el mantener un equilibrio adecuado con nuestro entorno urbano y con el natural.

 

Diversidad Ambiental ©, es una publicación virtual de Paco Calderón