Protección del capital natural,
estratégica en la renegociación del TLCAN con
EE.UU.
Por Antena Radio / 3a. Edición / Sección
Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con Francisco Calderón Córdova / IMER - Horizonte 107.9 FM, - 1220 AM y - Radio México Internacional (a todo el mundo)
/ Ciudad de México / 1° de
mayo de 2017.
Me parece que para nadie ha pasado desapercibida la posición
del presidente de los Estados Unidos con relación al Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) quien, de
manera unilateral y haciendo uso del papel económico
preponderante de su país, manifiesta insistentemente su
intención de abandonar este acuerdo.
Este hecho ha desencadenado ya distintas reacciones tanto en
México como en Canadá, lo que ha llevado al presidente Trump
a mostrar un rostro supuestamente piadoso al declarar que
está dispuesto a renegociar este importante mecanismo
regional de intercambio comercial, desde luego, bajo sus
propias condiciones.

Preocupa que, hasta ahora, los argumentos que hemos
escuchado respecto de las fortalezas de nuestro país en el
marco del TLCAN sólo versan sobre los volúmenes del
intercambio de productos, pero -al menos de manera pública-
no se están planteando las debilidades que históricamente
han vulnerado no sólo a México, sino también a Canadá, en lo
referente a la protección del medio ambiente.
Si recapacitamos en que la inversión directa extranjera en
nuestro país representa cerca de la mitad de toda la
inversión privada y que, por otra parte, no hemos sido
capaces de establecer un marco de política ambiental
transparente y robusto en el marco del TLCAN, podemos
deducir entonces la magnitud del riesgo que nuestros
recursos naturales han corrido y corren de no incorporar a
la re-negociación, de manera contundente, mecanismos para
hacer respetar la política ambiental en nuestro territorio.
Sobre todo, creo que ésta debe ser una prioridad de frente a
un presidente estadounidense que no sólo niega los hechos
científicos en temas como el calentamiento global y el
cambio climático (negándolos y buscando promover en su lugar
el uso intensivo del carbón para la producción de energía);
sino que tampoco muestra respeto por sus propios ciudadanos
y su propio territorio, autorizando de un plumazo la
construcción de oleoductos que afectarán al entorno y a la
cultura de numerosas comunidades norteamericanas.

Desde hace más de una década, distintos especialistas e
instituciones (como el Instituto Internacional para el
Desarrollo Sustentable, IISD) han documentado las numerosas
controversias que, en el marco del TLCAN, han sostenido
México, Canadá y los Estados Unidos en materia de protección
al ambiente.
Concretamente, en el Capítulo 11 del TLCAN, se buscó
establecer las reglas que los inversionistas extranjeros
debían acatar para respetar las regulaciones ambientales de
los países receptores; pero, al final, este instrumento ha
servido a algunas empresas norteamericanas para desafiar a
las leyes ambientales y a las decisiones administrativas de
los países receptores.
Probablemente, el caso más sonado en México fue el de la
empresa Metalclad -en los años noventa- y su confinamiento
de residuos peligrosos en el municipio de Guadalcázar, San
Luis Potosí; una controversia que costó al gobierno de
México más de 16 millones de dólares en favor de la empresa
norteamericana, simplemente por la falta de claridad que
prevalecía en los distintos órdenes de gobierno respecto de
sus competencias en el manejo de los instrumentos de
política ambiental en materia de residuos peligrosos.
Inquieta también que, en los términos vigentes en el actual TLCAN, la discusión de los temas ambientales no exige la
transparencia ni la amplia difusión que -de acuerdo con el
Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro- deben
tener los temas de política ambiental.
Hasta hoy, prácticamente la totalidad de las discusiones y
decisiones que tienen impactos ambientales en el marco de
este tratado comercial, han quedado bajo el sigilo o la
secrecía propia de las transacciones entre privados (a pesar
de que el medio ambiente es un bien de interés público).
Son muchas las controversias documentadas que México, Canadá
y los Estados Unidos han protagonizado por la afectación de
sus recursos naturales y medio ambiente, así como la falta
de mecanismos para dirimirles o la propia indefinición del
papel que debe jugar la Comisión para la Cooperación
Ambiental (CCA) de América del Norte.

Por éstas y por muchas otras razones, será de vital
importancia que, durante la eventual renegociación del TLCAN,
los mexicanos exijamos a nuestras autoridades no sólo
incorporar criterios suficientes para salvaguardar a nuestro
capital natural de la probada voracidad del actual ocupante
de la Casa Blanca; sino, sobre todo, que este proceso sea
difundido con la mayor transparencia y participación social,
y no como si se tratara de negociaciones entre particulares.
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