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Protección del capital natural, estratégica en  la renegociación del TLCAN con EE.UU.

        

  • Frente a un presidente estadounidense que niega los hechos científicos como el calentamiento global y el cambio climático, claridad en los términos ambientales de los acuerdos comerciales

  • Hasta hoy, las discusiones y decisiones que tienen impactos ambientales -en el marco del TLCAN-, han quedado bajo el sigilo propio de las transacciones entre privados

 

Por Antena Radio / 3a. Edición  / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con Francisco Calderón Córdova / IMER - Horizonte 107.9 FM, - 1220 AM y - Radio México Internacional (a todo el mundo) / Ciudad de México /  1° de mayo de 2017.

 

 

Me parece que para nadie ha pasado desapercibida la posición del presidente de los Estados Unidos con relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) quien, de manera unilateral y haciendo uso del papel económico preponderante de su país, manifiesta insistentemente su intención de abandonar este acuerdo. Este hecho ha desencadenado ya distintas reacciones tanto en México como en Canadá, lo que ha llevado al presidente Trump a mostrar un rostro supuestamente piadoso al declarar que está dispuesto a renegociar este importante mecanismo regional de intercambio comercial, desde luego, bajo sus propias condiciones. 

 

Preocupa que, hasta ahora, los argumentos que hemos escuchado respecto de las fortalezas de nuestro país en el marco del TLCAN sólo versan sobre los volúmenes del intercambio de productos, pero -al menos de manera pública- no se están planteando las debilidades que históricamente han vulnerado no sólo a México, sino también a Canadá, en lo referente a la protección del medio ambiente. 

Si recapacitamos en que la inversión directa extranjera en nuestro país representa cerca de la mitad de toda la inversión privada y que, por otra parte, no hemos sido capaces de establecer un marco de política ambiental transparente y robusto en el marco del TLCAN, podemos deducir entonces la magnitud del riesgo que nuestros recursos naturales han corrido y corren de no incorporar a la re-negociación, de manera contundente, mecanismos para hacer respetar la política ambiental en nuestro territorio.

Sobre todo, creo que ésta debe ser una prioridad de frente a un presidente estadounidense que no sólo niega los hechos científicos en temas como el calentamiento global y el cambio climático (negándolos y buscando promover en su lugar el uso intensivo del carbón para la producción de energía); sino que tampoco muestra respeto por sus propios ciudadanos y su propio territorio, autorizando de un plumazo la construcción de oleoductos que afectarán al entorno y a la cultura de numerosas comunidades norteamericanas. 

 

 

Desde hace más de una década, distintos especialistas e instituciones (como el Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable, IISD) han documentado las numerosas controversias que, en el marco del TLCAN, han sostenido México, Canadá y los Estados Unidos en materia de protección al ambiente. Concretamente, en el Capítulo 11 del TLCAN, se buscó establecer las reglas que los inversionistas extranjeros debían acatar para respetar las regulaciones ambientales de los países receptores; pero, al final, este instrumento ha servido a algunas empresas norteamericanas para desafiar a las leyes ambientales y a las decisiones administrativas de los países receptores. 

Probablemente, el caso más sonado en México fue el de la empresa Metalclad -en los años noventa- y su confinamiento de residuos peligrosos en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí; una controversia que costó al gobierno de México más de 16 millones de dólares en favor de la empresa norteamericana, simplemente por la falta de claridad que prevalecía en los distintos órdenes de gobierno respecto de sus competencias en el manejo de los instrumentos de política ambiental en materia de residuos peligrosos. 

Inquieta también que, en los términos vigentes en el actual TLCAN, la discusión de los temas ambientales no exige la transparencia ni la amplia difusión que -de acuerdo con el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro- deben tener los temas de política ambiental.  Hasta hoy, prácticamente la totalidad de las discusiones y decisiones que tienen impactos ambientales en el marco de este tratado comercial, han quedado bajo el sigilo o la secrecía propia de las transacciones entre privados (a pesar de que el medio ambiente es un bien de interés público).

Son muchas las controversias documentadas que México, Canadá y los Estados Unidos han protagonizado por la afectación de sus recursos naturales y medio ambiente, así como la falta de mecanismos para dirimirles o la propia indefinición del papel que debe jugar la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte.

 

 

Por éstas y por muchas otras razones, será de vital importancia que, durante la eventual renegociación del TLCAN, los mexicanos exijamos a nuestras autoridades no sólo incorporar criterios suficientes para salvaguardar a nuestro capital natural de la probada voracidad del actual ocupante de la Casa Blanca; sino, sobre todo, que este proceso sea difundido con la mayor transparencia y participación social, y no como si se tratara de negociaciones entre particulares.

Diversidad Ambiental ©, es una publicación virtual de Paco Calderón