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El combate a quienes operan al margen de la ley y
devastan al capital natural del país, debe ser
respaldado por sectores sociales locales y regionales
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Positivo el convenio
entre Semarnat y la Comisión Nacional de Seguridad;
lamentable que la Profepa no tenga suficiente capacidad
de procurar la observancia y cumplimiento de la ley
Por Antena Radio / 3a. Edición / Sección
Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con Francisco Calderón Córdova / IMER - Horizonte 107.9 FM, - 1220 AM y - Radio México Internacional (a todo el mundo)
/ Ciudad de México /
18 de abril de 2016.
El jueves pasado, el titular de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
y el de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), firmaron un
Convenio de Colaboración para la creación de la “Gendarmería
Ambiental”. Se trata de la formación de un cuerpo
especial de seguridad enfocado a la prevención de delitos y
faltas administrativas en materia de protección al medio
ambiente, las que ocurren –cada vez con más frecuencia e
impunidad- en las 177 áreas naturales protegidas del
territorio nacional, así como en otros espacios de valor
ambiental (como parques nacionales, reservas de la biosfera
y cuerpos de agua del país).
Este destacamento policiaco –de
acuerdo con las autoridades- sería de aproximadamente 300
efectivos distribuidos en zonas estratégicas y su finalidad
será la de garantizar la seguridad de los visitantes,
combatir actividades como la tala ilegal, los cambios de uso
de suelo, la caza furtiva y el tráfico de especies de flora
y fauna, entre otras conductas de delincuencia común.
En los días por venir, la autoridad
ambiental federal y las de Seguridad Nacional habrán de
precisar los alcances de este convenio y las bases sobre las
que se dará el trabajo coordinado; esto, según se dijo,
habrá de involucrar también a la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y a la Comisión Nacional del Agua (en
mi opinión, la Comisión Nacional Forestal debiera ser
también incorporada al acuerdo).
Como conocedor del sector medio
ambiente, son varios los sentimientos que me produce el
anuncio de la creación de una “gendarmería ambiental”;
primero, alivio, sí, porque finalmente se buscará combatir a
las actividades que están devastando a las áreas naturales
protegidas del país (pienso en los imparables cambios de uso
del suelo en la Selva Lacandona y en los Chimalapas, o en
las extensas regiones forestales de Michoacán y de Guerrero
que están siendo destruidas por quienes operan al margen de
la ley). Pero, por otro lado, también siento
una enorme frustración por la evidente incapacidad de una
institución tan noble como la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) de frente al saqueo que, en
numerosas regiones del país, ciudadanos sin escrúpulos e
incluso el crimen organizado están llevando a cabo sobre el
capital natural de todos los mexicanos.
Sumar a las corporaciones de seguridad
nacional –a las fuerzas policiacas, pues- a las tareas de
vigilancia y salvaguarda de nuestra biodiversidad, de los
bosques, selvas y fuentes estratégicas de agua, en mi
opinión debilita notablemente a la fuerza de la concertación
social y de las decisiones tomadas desde los órganos de
participación ciudadana que, desde sus inicios,
caracterizaron al sector medio ambiente de la administración
pública federal.
Quiero pensar que en las acciones que
realice esta Gendarmería Ambiental en cualquier área natural
protegida o cuenca estratégica del país, será tomada en
consideración la opinión y el sentir de las comunidades
involucradas (muchas de ellas incluso con voz en el seno de
los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable de
la Semarnat).
Me parece imprescindible que en el
diseño que se haga de esta nueva estrategia de seguridad
–que deberá comenzar a operar, a más tardar, en el mes de
diciembre próximo- sean considerados no sólo los necesarios
protocolos de actuación para combatir y castigar a quienes
atentan en contra de nuestra riqueza natural; sino también,
y de manera permanente, tendrían que ser observados los
mecanismos de participación ciudadana y de colaboración con
los gobiernos y los sectores sociales regionales y locales
involucrados en la gestión ambiental.
Celebro esta decisión del Ejecutivo
Federal de elevar a la categoría de “seguridad nacional” el
cuidado y la preservación de nuestras áreas de valor
ambiental y de los recursos naturales estratégicos; pero
quiero señalar también que no podemos seguir postergando un
fortalecimiento real y decidido -y no el desmantelamiento,
como ha parecido ser el caso- de las autoridades ambientales
del país en todos sus órdenes territoriales.
Si algo ha dado impulso y prevalencia a la política
ambiental, no sólo en México sino en todo el mundo, esto ha
sido la vigorosa participación ciudadana y la certeza
indeclinable de que a ésta le corresponden las mejores
causas. ▄
Diversidad Ambiental
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