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Abuso de Norma 26 deterioró calidad de vida en numerosas colonias de la Ciudad de México

  

 

 

*  Desde 2013, la PAOT alertó prácticas tramposas de desarrolladores inmobiliarios; "necesarios candados y participación ciudadana para emitir nueva norma":Cancino

 

* Estima en más de 2 mil 500 millones de pesos las ganancias indebidas y amparadas en la Norma 26, con 98 construcciones investigadas en diversas delegaciones 

 

 

 

Por Antena Radio / 3a. Edición  / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con Francisco Calderón Córdova / IMER - Horizonte 107.9 FM, - 1220 AM y - Radio México Internacional (a todo el mundo) / Ciudad de México /  16 de febrero de 2015.

 

 

En estos días, el Gobierno de la Ciudad de México, legisladores locales y distintos sectores interesados, se encuentran discutiendo las modificaciones a la Norma General de Ordenación 26. Se trata de un instrumento que entró en vigor el 23 de enero del año 2013 y que pretendía incentivar la construcción de vivienda de interés social y popular en la Ciudad de México, exentando de algunas obligaciones legales a los desarrolladores inmobiliarios. 

Por ejemplo, entre otros beneficios, bajo el amparo de la Norma 26 un condominio, por cada diez departamentos, no estaba obligado a contar con los diez cajones de estacionamiento que por ley le corresponden; el inmueble podía contar con seis y hasta con tres cajones por cada diez departamentos, bajo el amparo de esta normatividad y del argumento de tratarse de vivienda de interés social. También, dependiendo del perímetro de la ciudad o de la delegación donde se construyera el edificio, al utilizar la Norma 26 se podían construir más pisos de los permitidos a cualquier otro desarrollo inmobiliario de la zona no considerado de interés social o popular. Algunas de las restricciones impuestas a los desarrolladores inmobiliarios para poder edificar y vender este tipo de viviendas, era que su superficie no rebasara los 68 metros cuadrados y que su precio no fuera mayor a los 15 salarios mínimos anualizados (algo así como 708 mil pesos).

En tan sólo ocho meses de vigencia de la Norma 26 –suspendida finalmente en agosto del 2013-, miles de habitantes de la Ciudad de México vimos mermada nuestra calidad de vida por la ocupación voraz de nuestras colonias con desarrollos inmobiliarios que se construyeron incluso afectando al patrimonio arquitectónico o a los centros de barrio tradicionales.

 

 

A lo largo del 2013 a través de diversas resoluciones y, en el 2014, con algunas recomendaciones públicas dirigidas a autoridades centrales y delegacionales, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) alertó sobre el uso indebido que se estaba haciendo de la Norma 26. De un total de 98 inmuebles investigados por la PAOT, más del 50 por ciento de ellos rebasaba el precio máximo de venta permitido por la Norma 26 –de 708 mil pesos-, siendo en realidad éstos departamentos de lujo con un costo de venta de hasta 8 millones y medio de pesos.

Ante esta ola de abusos por parte de malos desarrolladores inmobiliarios, y dadas las estrategias legaloides que éstos utilizaron para evadir el cumplimiento de la ley, la PAOT, junto con la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad, promovió modificaciones –en marzo de 2014- a diversos instrumentos jurídicos (particularmente, al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal).  

Con esto, se endurecieron sanciones a servidores públicos coludidos y se incorporó la figura de “custodia de folios” que, en términos muy generales, imposibilita a los desarrolladores la venta de inmuebles construidos tramposamente bajo el amparo de la Norma 26.

Solamente en el universo de inmuebles investigados y denunciados por la PAOT se estiman ganancias indebidas por más de 2 mil 500 millones de pesos, en detrimento de la calidad de vida en numerosas colonias de la capital. 

Ante la innegable necesidad de fomentar la construcción de vivienda de interés social y popular, desde hace algunos meses y –con mayor intensidad- en las últimas semanas, se está discutiendo la nueva propuesta de norma que en la materia ha presentado el Gobierno de la Ciudad de México. Junto con otros actores, el titular de la PAOT -Miguel Ángel Cancino- ha señalado que, sí, es necesario incentivar la construcción de vivienda de interés social y popular, pero para ello debe haber un amplio proceso de consulta y de participación ciudadana pero, sobre todo, es urgente establecer los candados que inhiban las prácticas corruptas que se han detectado y denunciado.

 

 

Esperemos que el buen trabajo que en éste y en otros temas ambientales y urbanos ha venido teniendo la PAOT,  cuente con el apoyo necesario para garantizar su continuidad y el fortalecimiento institucional. Hoy, más que nunca, nuestra ciudad y nuestro país requiere de servidores públicos y de instituciones que pongan al interés y al bien común, por encima de los intereses particulares o gremiales.

 

Diversidad Ambiental ©, es una publicación virtual de Paco Calderón